El crimen cibernético es un delito de nuevo cuño que, caracterizado por su expansión transfronteriza, desafía al legislador nacional, regional e internacional, con alto índice de nocividad para bienes jurídicos protegidos. Nuestro estudio cobra vida a partir de sucesos actuales, en un desarrollo tecnológico inigualable que atañe a la globalización de las relaciones y los intercambios entre personas, mercancías y servicios; una realidad que ha encontrado en Internet un aliado, que deja en segundo plano las diferencias ideológicas, políticas, religiosas o de otra índole que impedían la cooperación y las relaciones regionales y globales. La globalización que vivimos ha hecho que también la actividad ilegal, especialmente la delincuencia, se aproveche de las facilidades que ofrece la red para extender una delincuencia de carácter transnacional con alcance global, que para su respuesta necesita un mismo afán por parte de los Estados y organizaciones internacionales y locales. Ante este panorama habría que entender la importancia de fomentar una cultura de ciberseguridad, tener unas normas, reglamentaciones y protocolos para personas, en el uso cibernético diario en las empresas privadas y sus trabajadores, instituciones públicas y los ciudadanos, para poder crear una resiliencia a las amenazas en la Red y dificultar la comisión de actividades delictivas que aprovechan la red. A través de esta monografía intentamos dar respuesta a fenómenos como la ciberdelincuencia, entender la sociedad virtual y la categorización de personas como migrantes digitales y nativos digitales, así como el nacimiento de categorías de delincuentes considerados como hackers y crackers. Para la investigación de una delincuencia que aprovecha las TIC se necesitan diligencias armadas tecnológicamente que cuenten con una base legal que justifique su uso, así como con personal preparado que pueda emplear con habilidad herramientas para llevar a cabo la investigación y el posterior enjuiciamiento de este tipo de delitos. A nivel nacional hemos analizado las diligencias de investigacion tecnológica en la LECrim Española introducida por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre.