La existencia de un acuciante problema en el mercado inmobiliario es indicio bastante de que los bienes inmuebles, desde una perspectiva amplia, cobran una especial relevancia también para el Derecho Penal. En este sentido, el aumento de casos de estafas inmobiliarias no debe sorprender. Consecuentemente, deviene esencial analizar qué tutela ofrece el Código Penal a estos supuestos típicos. Una primera aproximación a la materia nos ha de remitir al tenor tanto del art. 250 CP, en sede del delito de agravado de estafa, a la par que a las modalidades contenidas en el art. 251 CP, la estafa impropia. Sin embargo, la complejidad técnico-jurídica de ambos preceptos no es baladí y plantea numerosos interrogantes. ¿Cabe aplicar las agravaciones del art. 250 CP a otros inmuebles que no sean la vivienda habitual? ¿En qué supuestos se entiende que nos encontramos ante una estafa impropia? ¿Qué tipos de carga son susceptibles de integrar tal delito? ¿En qué supuestos no podremos hablar de una estafa stricto sensu? ¿Cómo rigen los institutos de la prescripción o el delito continuado? ¿Cabe la comisión por una persona jurídica? En puridad, una plétora de interrogantes a los que damos respuesta en este cuaderno a través de la jurisprudencia más ilustrativa de nuestros tribunales. Y, además, en la parte de actualidad: - ¿Es compatible la agresión sexual agravada del art. 180.1.4.º CP con las circunstancias de género y parentesco? - Principales novedades de la LO 1/2025 en el proceso penal - Modo de practicarse la pericial en el juicio