Los fondos Next Generation EU, de reactivación económica para paliar los daños de la COVID-19 aprobado por los 27 Estados de la Unión Europea y dotados en principio con 750.000 millones de euros, van a permitir a las Administraciones públicas españolas realizar muy importantes inversiones en estos años, fundamentalmente a través de la colaboración público-privada. En España, las líneas directrices las ha fijado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española, inspirado en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha previsto un conjunto de especialidades en materia de gestión administrativa, dirigido a simplificar y facilitar el desarrollo y ejecución de este Plan de Recuperación. Entre estas especialidades se encuentran destacadamente las que afectan a la contratación pública, subvenciones, convenios administrativos, proyectos estratégicos y se aplicarán sólo a las actuaciones de cualesquiera de las entidades del sector público dirigidas a la gestión y ejecución de proyectos y actuaciones que sean financiables con fondos europeos, una gran variedad de fondos europeos. Por tanto un marco jurídico y de actuación hecho a medida que es analizado por expertos en profundidad en el presente Gran Tratado.